La huella ambiental de las grandes energéticas

Pensemos en los más de tres millones de empresas que operan en España: ¿cuál de ellas es la que genera más emisiones de CO2 causantes del cambio climático? ¿Alguna como Iberia y sus aviones? ¿Compañías con grandes fábricas, como Seat o Ford España? ¿Marcas muy extendidas que desplacen muchos camiones, como Zara, El Corte Inglés, Mercadona…? De acuerdo con el Observatorio de la Sostenibilidad, solo diez compañías generaron en 2015 el 70% de todos los gases de efecto invernadero lanzados por chimeneas de instalaciones industriales del país, que a su vez corresponden al 28% de todas las emisiones de CO2 emitidas a la atmósfera desde España. Estas diez empresas son: Endesa, Repsol, Gas Natural Fenosa, Hidrocantábrico, ArcelorMittal, E.ON, Cepsa, Cemex, Iberdrola y Cementos Portland.

Excepto por dos cementeras y una siderúrgica, en la mayoría de los casos se trata de eléctricas y petroleras. Por supuesto, hay que decir que esta comparativa (elaborada con datos del registro nacional de derechos de emisión) solo cuenta una parte de la historia, pues no contempla el CO2 del transporte u otras muchas fuentes difusas de estos gases. Aun así, sirve muy bien para comprender el tamaño de la huella ambiental de las grandes energéticas. Y, al mismo tiempo, para identificar qué piezas resulta más efectivo tocar si se quiere acabar de verdad con estas emisiones de dióxido de carbono, logrando una descarbonización de la economía. ¿Estas empresas están realmente transformando su negocio para solucionar el problema del calentamiento del planeta como aseguran? ¿Y si ellas no lo hacen, qué otras opciones existen para acelerar el cambio?

Endesa

En este negro ranking del Observatorio de la Sostenibilidad hay una compañía que aparece muy por encima del resto: Endesa, la antigua empresa pública de electricidad de España, hoy controlada por el grupo italiano Enel. Y está claro por qué: el carbón. El 40% de la electricidad generada1 en 2016 por esta compañía salió de centrales térmicas clásicas que queman este mineral. De hecho, de esta empresa son cuatro de las seis instalaciones que más CO2 emiten en España: las mastodónticas centrales de carbón de As Pontes en A Coruña, de Carboneras en Almería, de Andorra en Teruel y de Compostilla en León. Estas cuatro únicas plantas de electricidad generan por ellas mismas cerca del 7% de todas las emisiones causantes del cambio climático del país. Por compararlo con algo diferente, estos cuatro ‘monstruos’ del CO2 lanzan por sus chimeneas el equivalente a más de cuatro veces las emisiones reconocidas por Iberia y sus aviones en su Memoria de Sostenibilidad de 2015.

«Cuanto más carbón queman, mayores emisiones; las propias empresas son conscientes de que deben de cambiar su forma de producción», incide Fernando Prieto, autor del ranking del Observatorio de la Sostenibilidad. No les queda más remedio que cambiar por el medio ambiente, pero también por su futuro económico. En el plan estratégico 2017-2019 presentado por Endesa a inversores en noviembre de 2016 se incluye la descarbonización de sus centrales energéticas como objetivo para 2050.

No obstante, en abril de 2017, diarios económicos como Financial Times informaban de que esta compañía presidida por el madrileño Borja Prado está considerada la tercera peor preparada de las grandes empresas energéticas europeas para la transición a una economía baja en emisiones de carbono (tras la alemana RWE y la checa CEZ), según la evaluación realizada por la organización Carbon Disclosure Project (CDP). Las consideradas mejores posicionadas son la austriaca Verbund, la española Iberdrola y la finlandesa Fortum. Si España emitió en 2015 unos 339,3 millones de toneladas de CO2 equivalente, solo las centrales eléctricas de Endesa generaron ese año más de 33 millones de toneladas (un 10% del total).

Claro que como especifica Prieto, «existen otras emisiones que no se incluyen en este análisis, las emisiones reales son mayores». De hecho, cuando esta empresa controlada por la italiana Enel calcula ella misma su huella de carbono, añade a esa cantidad otras 900.000 toneladas por la energía usada para sus minas de carbón, sus terminales portuarias, sus oficinas o sus bombeos hidráulicos, y 18 millones extra por emisiones indirectas causadas por la extracción, producción y transporte del combustible de sus centrales, el tratamiento de sus residuos o los viajes realizados por sus empleados en aviones, coches, trenes…

Si se contabilizan también todas estas otras emisiones para el conjunto del país, el cálculo se va complicando y empieza a cambiar el panorama. Como veremos más adelante, es entonces cuando se comprueba que puede haber otros todavía con mayor huella que Endesa y sus centrales de carbón. En cualquier caso, la comparativa de Prieto resulta ya de gran interés para empezar a identificar cuáles son las partes del complejo castillo de naipes de la economía española cuya sustitución puede tener una mayor incidencia en el conjunto. Si lo que se busca es una descarbonización a bajo coste, parece razonable buscar las cartas más fáciles de cambiar.

En este caso, reemplazando las centrales más contaminantes por renovables, se conseguirían grandes avances en la lucha contra el cambio climático (y ya también de paso contra otros contaminantes del aire, como SO2, NOx o partículas). No solo cambiaría la huella ambiental de estas energéticas, sino también la de otras muchas empresas que usarían esa electricidad libre de emisiones en sus fábricas, sus oficinas, sus trenes, sus coches eléctricos… Esto al menos es la teoría, pues en la práctica resulta algo diferente.

En mayo de 2017, un teletipo de la agencia Europa Press informaba del rotundo rechazo del Ministerio de Energía de España a las informaciones que aseguraban que el grupo Enel había confirmado en una junta de accionistas en Roma su intención de cerrar antes de junio de 2020 las centrales de carbón de Andorra en Teruel y de Compostilla en León. «Si se confirma esta información demostraría, por un lado, que el compromiso de Enel con España no es el que le gustaría a este Gobierno y, por otro, que tampoco es coherente con las necesidades de la política energética del país», indicó entonces el Ministerio.

¿Por qué esta reacción del Departamento dirigido por el ministro Álvaro Nadal? «Es muy difícil entender lo que el Ministerio de Energía considera una política energética de España», comenta Domingo Jiménez Beltrán, de la Fundación Renovables. «Desde el Ministerio no han parado de repetir, cuando se les conmina a incorporar objetivos más ambiciosos de descarbonización o de penetración de renovables, que no creen en la planificación energética, sino en el mercado. Parece ser que cuando el mercado elige cerrar las contaminantes, prefieren la intervención. Lo cierto es que no tenemos política energética».

Repsol

Otra voz que reclama con insistencia la reducción del uso del carbón para luchar contra el cambio climático es la de… Antonio Brufau, presidente de la petrolera Repsol. En la junta general de accionistas de mayo de 2017 de la compañía petrolera y gasística parecía por momentos que el que hablaba al micrófono era un ecologista convencido. El empresario catalán atacó el carbón y abogó por la eficiencia energética. También reclamó acelerar la sustitución de vehículos antiguos por otros de gasolina con motores más eficientes, defendió el transporte compartido y volvió a cuestionar las inversiones al coche eléctrico (del que anteriormente ya ha dicho que no es tan limpio si la electricidad que usa procede de plantas contaminantes).

¿Desde cuando tanta atención por el medio ambiente en una junta de accionistas de una petrolera? «Repsol quiere ser parte de la solución, vamos a ser parte de la solución para convertir un problema en una solución», recalcó Brufau. En realidad, no está tan claro que el actual negocio del petróleo pueda tener algo que ver con la (tan repetida) «solución», pero sí resulta innegable que es parte del problema. En el ranking anterior de empresas con más emisiones de instalaciones fijas en España, la compañía española Repsol —que cuenta como accionistas mayoritarios a La Caixa, Sacyr y Temasek— aparece en segundo lugar con 10,6 millones de toneladas.

Sin embargo, esto se refiere únicamente a lo que sale de forma directa de las petroquímicas y refinerías del país, en los procesos de fabricación de gasolinas, querosenos, fuel oil y otros productos. En este caso, esta forma de medir se queda demasiado corta. Pues deja fuera grandes cantidades de emisiones relacionadas con la extracción, el transporte o la venta de combustibles: simplemente como referencia, según el último informe de sostenibilidad de Repsol, las emisiones indirectas de CO2 derivadas de la comercialización de sus productos en todo el mundo alcanzaron los 146 millones de toneladas en 2016 (recordemos que España entera emite unos 340 millones).

Por otro lado, no hay que olvidarse tampoco de los gases producidos por esos mismos combustibles a posteriori, cuando salen de los tubos de escape de millones de vehículos. Para poder visualizar de forma más clara cómo son los flujos de la energía en el país y qué provoca más emisiones de CO2 resultan interesantes los diagramas de Sankey elaborados cada año por la Cátedra de Energía y Sostenibilidad de BP y la Universidad Pontificia de Comillas, en la que participa Pedro Linares, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI).

Cuando uno se detiene en el gráfico sobre el origen de las emisiones de CO2 en el sector energético, llaman la atención varios aspectos: el primero es la gigantesca cantidad de emisiones relacionadas con pérdidas (81 millones de toneladas de CO2). El segundo, que la mayor fuente de gases del país está en el transporte (83,2 millones de toneladas), y muy principalmente, en los desplazamientos en carretera. Mucho más que el sector terciario/residencial (56,72 millones de toneladas) o la industria (44,37 millones de toneladas). Y el tercero, la gran importancia en todo esto del petróleo, todavía más que el carbón. Frente a este panorama, las soluciones de Bufrau delante de sus accionistas funcionan en lo de la eficiencia y el carbón, pero no arreglan en realidad el mayor problema: el de los vehículos que usan los carburantes que vende su empresa. Al menos cuando se piensa en una verdadera reducción de emisiones de CO2. Teóricamente, para eso sí que pueden valer los coches eléctricos, combinados con centrales que generen kilovatios hora no contaminantes. Claro que ahí no queda mucho hueco para el negocio de las petroleras. «Tienen un futuro negro, yo no lo veo. En el momento en que el coche eléctrico sea competitivo, para qué queremos petróleo, ¿para fabricar plásticos?, eso es un porcentaje muy pequeño», destaca Linares. Posiblemente, esto es lo que preocupa tanto al presidente de Repsol.

Invertir en tecnologías limpias permitiría a las empresas eléctricas mantener su negocio en una economía descarbonizada, pero eso parece complejo para las compañías que venden petróleo. «El modelo de las petroleras a medio plazo es complicado, como el de las gasistas. Cuando miras el roadmap [hoja de ruta] europeo, el objetivo a 2050 y las emisiones del sector energético, ves que no cabe ni el gas, ni el petróleo, ni el carbón. A 10 ó 15 años no veo amenaza para ellas, las empresas piensan a corto plazo. Pero a 30 años, sí». Iberdrola, Gas Natural Fenosa…

Forestalia

Recapitulemos: gran parte de la descarbonización de la economía española pasa hoy en día por las eléctricas. Tanto para desengancharnos del carbón como para engancharnos al vehículo eléctrico, proporcionando electricidad sin emisiones de CO2 que pueda sustituir al petróleo. Y esto supone seguir aumentando el peso de las energías renovables (pues ahora mismo no parece que haya empresas interesadas en asumir la enorme inversión de una planta nuclear, de la que luego habría que gestionar sus residuos radiactivos). Bueno, eso y dar con la forma para que vayan viéndose por las calles más autos eléctricos: «Bajando el precio de las baterías, poniendo más infraestructuras de recarga», contesta Linares. «Si progresa el car sharing y baja el coste de las baterías, ya está». ¿Cómo conseguir que empresas como Endesa, Iberdrola o Gas Natural Fenosa sustituyan sus plantas más contaminantes por tecnologías limpias?

Aunque España fue uno de los países del mundo que más impulsó el desarrollo de la eólica o la solar, ese crecimiento se paró en seco por la decisión del primer Gobierno de Mariano Rajoy de imponer una moratoria a las renovables en 2012 cortando las primas ya acordadas a estas tecnologías. Se hizo con el argumento de que había que aliviar el alto coste económico de las renovables para resolver el endeudamiento del sistema eléctrico, pero también cuando la caída de la demanda por la crisis económica provocó de pronto que sobrasen centrales de generación (y las empresas eléctricas no sabían cómo recuperar sus fuertes inversiones en plantas de gas).

Durante estos años se ha vivido una larga sequía de renovables. Hasta hace poco. En 2016 y 2017 se han vuelto a impulsar proyectos de tecnologías limpias, aunque de forma muy limitada y por medio de un nuevo sistema de subastas. Es la fórmula buscada para reducir los tan criticados costes económicos de promocionar las energías limpias: el Gobierno abre una puja para repartir una cantidad determinada de megavatios y ganan la adjudicación las empresas dispuestas a realizar los proyectos con una menor retribución. La gran sorpresa ha sido cuando compañías han acudido a estas subastas sin pedir prima alguna por la electricidad que se genere. Es decir, han pujado para producir energía limpia sin ayudas oficiales, contando solo con el precio de la electricidad que marque el mercado mayorista. Un giro muy interesante, aunque no tan inesperado. «Esto significa que las renovables podrían crecer mucho, pero en el sistema español con sobrecapacidad esto solo puede optimizarse si se deja espacio suficiente, si se planifica un cierre de las centrales contaminantes», recalca Jiménez Beltrán.

Paradójicamente, en las dos últimas subastas de 2016 y 2017 la mayor parte de los megavatios renovables no fue para una de las grandes eléctricas, sino para una empresa zaragozana no muy conocida hasta ahora en este sector: Forestalia, que cuenta como socio tecnológico con General Electric. En enero de 2016 se adjudicó 408,5 MW de eólica y biomasa, y en mayo de este año, 1.200 MW de eólica. Las otras empresas que consiguieron llevarse algo de este último pastel —Gas Natural Fenosa, Endesa y Siemens Gamesa— también lo hicieron pujando sin primas oficiales. Esto supone un cambio clave en el desarrollo de las energías renovables, pero no tan positivo para todos.

Como se quejó la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier), «las pequeñas y medianas iniciativas fotovoltaicas no han tenido ninguna opción, ni siquiera ofertando el máximo de los descuentos posibles, puesto que las condiciones establecidas favorecían proyectos eólicos y de muy grandes dimensiones, bajo la errónea premisa de que este criterio aporta un precio óptimo para los españoles».

Esta dura pugna por construir más renovables en el país, y sin incentivos, a precios de mercado, contrasta con el pie puesto en el freno del Gobierno y de grandes eléctricas. Compañías como Iberdrola han contribuido al aumento de las renovables, pero solo mientras aumentaba la demanda de electricidad en el país y esto no afectaba a sus otras centrales convencionales. Incluso así, esto ya ha sido demasiado rápido para el actual ministro de Energía, Álvaro Nadal, que asegura que este crecimiento estaba más fundamentado en «la ideología o los buenos deseos», que «sobre realidades y costes». Estos argumentos son discutibles hasta aceptando el alto coste de impulsar las renovables: habría que preguntarse, por ejemplo, si una empresa como Forestalia podría pujar ahora por construir renovables sin ayudas si su presidente Fernando Samper no llevara en la promoción de renovables desde 1997 o cuál es el tope razonable para invertir en un nuevo sector industrial que dibujara el futuro. Sin embargo, hasta en una visión puramente economicista como esa, los propios números parecen dar la razón ahora a los que reclaman seguir completando la transición a una economía sin emisiones de CO2, sin esperar a las poderosas eléctricas. «Las grandes eléctricas han bloqueado la mayor penetración de renovables. Han priorizado sus balances y la amortización de sus inversiones en energías contaminantes sobre las necesidades del país y de la ciudadanía», asegura Jiménez Beltrán. ¿Pueden ser las subastas el modelo para impulsar estas tecnologías limpias sin grandes costes? «Un sistema de subastas bien diseñado y que responda a una planificación energética hacia la descarbonización es una variable clave de la ecuación. Pero tampoco debemos pensar que es la única», señala el expresidente de la Fundación Renovables. Esta entidad, junto a otros grupos ambientales y sociales, han pedido que para mejorar estas subastas se organicen dentro de un plan con objetivos más ambiciosos, previsibilidad y estabilidad de las reglas del juego. Pero, además, han considerado un error basarse solo en conceptos económicos. Según estas organizaciones, los criterios de asignación deberían incorporarse otros elementos tan esenciales como la ubicación geográfica o el impacto sobre el empleo.

Otra reclamación es que se garantice la participación de pequeños productores y ciudadanos. «La transición energética hacia un 100% renovables tiene que basarse en una democratización del sistema energético, del establecimiento de unas reglas transparentes y una centralidad de la ciudadanía como agentes activos del cambio», subraya Jiménez Beltrán. «Por ello es fundamental, no esperar a las grandes eléctricas, si no construir una ciudadanía energética que esté dispuesta a liderar». ¿Serán los ciudadanos los que encabecen esta nueva revolución energética? Para entidades como la Fundación Renovables, esto podría ocurrir si se dejan de poner trabas a alternativas como el autoconsumo de particulares con placas solares y otras tecnologías limpias. Para otros, resulta improbable que las grandes eléctricas dejen escapar una oportunidad económica así, solo que no tienen prisa.