Una noche en un hotel ilegal

No solo hay muchos ‘Algarrobicos’, algunos incluso están funcionando. En el hotel de cuatro estrellas Golf Valdecañas (Cáceres) todo transcurre como si el Tribunal Supremo no hubiera dicho que sus 80 habitaciones son ilegales. La sonriente recepcionista comprueba los nombres de la reserva y se limita a ofrecer: “Su habitación tiene vistas a la playa, pero si lo prefieren, por 15 euros más pueden ver el campo de golf”. No salta ninguna alarma ni nada cuando entrega la llave de plástico e indica el ascensor.

Desde los enormes ventanales en el primer piso, casi se toca el ambiente caribeño: la fina arena blanca, el agua en calma, la hilera de sombrillas y el chiringuito con techo de paja. Solo que la vista de postal no es del Caribe, sino de una playa artificial arañada a un embalse, el que baña el macrocomplejo turístico Marina Isla de Valdecañas, con 185 ‘villas’ de lujo, hotel para los aficionados al golf, pistas de pádel y tenis, puerto deportivo y picadero para montar a caballo.

Esta Marbella de interior a una hora y media de Madrid se levantó sobre 133 hectáreas declaradas espacio protegido por la Red Natura 2000. El Supremo no hizo sino ratificar en 2014 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que tres años antes la declaró ilegal e instó a restituir el paisaje original, refugio de grullas y gansos en su migración hacia el Sur. Ajenas a los jueces, pequeñas procesiones de relajados golfistas llevan sus palos hasta el green; otros, propietarios de alguna de estas villas que alcanzan los 500.000 euros, pasean y montan en bici como si tal cosa. “Ellos saben que han comprado una propiedad con sentencia. Es increíble que no se pueda vender algo robado, pero sí ilegal”, incide Mª Ángeles López, abogada de la organización Adenex, que llevó el complejo a los tribunales junto a Ecologistas en Acción.

Que esta urbanización marbellí en el entorno de la Sierra de Gredos siga recibiendo clientes, no sorprende: “Otros desarrollos urbanísticos ilegales siguen abiertos en el país porque las sentencias no se ejecutan. Una vez que la obra está finalizada, imposible, los jueces no las tiran”, comenta Mª Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción. Solo en la isla de Lanzarote, uno de los puntos negros de los desmanes turísticos, se cuentan al menos siete hoteles ilegales en marcha.

En Valdecañas, cuando las obras arrancaron en 2007 con la venia de la Junta de Extremadura, estaba previsto mucho más: 600 chalets y un segundo hotel que no llegó a construirse porque a la empresa propietaria le pilló la burbuja inmobiliaria. Al borde de una rotonda, de camino hacia el puerto deportivo, la caseta de venta e información sigue en pie. El propietario, el empresario sevillano José María Gea, ha declinado hacer cualquier declaración sobre el complejo.

Pero no todos pueden entrar en esta isla privada. Una barrera y un atento vigilante dentro de un garita impiden el paso a menos que se tenga una reserva en el hotel o se tome algo en la cafetería. Tampoco podría uno bañarse en la playa de lujo, eso sí, de agua de embalse y con vistas a una fila de carcasas de adosados a medio construir. Lo confirma una empleada del hotel: “Aunque en verano no viene casi nadie, hace mucho calor”, justifica. No debe ella saber que la inaudita playa privada que protege para los clientes también es ilegal en un país de costa pública.

Eugenia, extremeña de 76 años originaria de El Gordo, último municipio de 400 habitantes antes de llegar aquí, es la primera vez que pone los pies dentro del complejo. “La gente del pueblo no suele venir, esto es suyo, es privado”. Ella se refiere a los dueños de estas villas, entre los que suenan nombres como la hermana del Rey. Cuenta Eugenia que alguna vez ha visto a ‘Doña Pilar’ en la misa de domingo en El Gordo.

Pero casi nadie en el pueblo pone una voz crítica a este coto privado del que solo lo separa un puente. El anterior alcalde, Bautista Sánchez (PP), imputado por un litigio económico sobre la residencia de ancianos, que está parada, prometió un chorreo de empleos que hoy se cuentan con cuentagotas. Y los pocos que han caído –en la recepción, en el golf, limpiando las casas– , hay que protegerlos, aunque eso suponga echar a quien ponga en peligro las migajas. Fue el caso de la ecologista Paca Blanco, quien acabó marchándose después de sufrir ataques y amenazas durante años por denunciar la ilegalidad del complejo.

El actual alcalde, Elías Correas (PP), también imputado por el caso de la residencia, se conforma: “Nos ha caído como llovido del cielo, y se portan muy bien con nosotros. A los chavales, por ejemplo, les dejan jugar en las pistas de tenis y pádel por el mismo precio que los clientes del hotel”. De nuevo en el otro lado del puente, ya de noche, algunos de esos selectos huéspedes se apiñan frente al enorme televisor del salón. El camarero reparte gin-tonics mientras siguen absortos el campeonato mundial de golf Miami Cadillac que se juega a 7.000 kilómetros de esta España de La escopeta nacional.