Desahuciados solares

Esta es una versión reducida del reportaje publicado en el Nº5 de la revista BallenaBlanca. Para leerlo completo, compra tu ejemplar aquí.

Hablar con estas personas afectadas supone ahondar en la brecha social y económica que está dejando una estafa travestida de crisis que en el caso de las plantas fotovoltaicas es más que palpable. «Nosotros hemos contribuido a abaratar la tecnología fotovoltaica, hemos ahorrado dinero al Estado en la compra de combustibles fósiles, hemos contribuido a elevar la incorporación de renovables al sistema, hemos favorecido la reducción de CO2 para que España cumpla con sus compromisos de lucha contra el cambio climático… pero estamos arruinados». Así se expresa Antonio Alcázar, presidente de La Jeresa, un huerto solar de Lorca (Murcia) en régimen de cooperativa que tiene a 418 de sus miembros sumidos entre la desesperación y la angustia.

Como especifica Alcázar, «entre nuestros socios tenemos de todo: gente que ha vendido su instalación harta de no poder afrontar las deudas; otros que han recurrido a refinanciaciones abusivas que les tendrán endeudados durante más del doble de años de lo firmado en un principio; y personas que han tenido que recurrir a todo tipo de propiedades y a familiares que los avalen porque el banco se echaba encima y les quitaba su planta y su casa».

A Luis Romero el banco no le ha dejado sin su planta en Alhabia (Almería), aunque técnicamente se podría decir que sí: «Tengo embargada la producción de electricidad, todo lo que saco de ella se lo lleva el banco». Estas instalaciones se construyeron para producir electricidad con una energía renovable y que la sociedad tuviera un beneficio ambiental, a la vez que el propietario sacaba provecho económico. El caso que vive Romero sería equiparable al de un agricultor que, después de recolectar la fruta y la verdura de sus tierras, ve cómo se le acerca alguien y le dice: «Muchas gracias, ahora la cosecha me la llevo yo, la vendo y me quedo con el dinero». Y mientras tanto, el desahuciado fotovoltaico debe mantener en buen estado el huerto solar con su peculio. Suena todo muy feudal.

Los casos de Isabel, Antonio y Luis son solo un ejemplo de las miles de historias que hay detrás de uno de los mayores fiascos económicos, sociales y ambientales que ha vivido España en los últimos años. Todos echan la vista atrás y comienzan sus relatos entre 2006 y 2007, con ilusión, con esperanza, con compromiso por las energías renovables, y sí, no lo ocultan, con la intención de incrementar sus rentas o pensar en una jubilación más holgada gracias a la producción de electricidad de sus placas. «En lugar de invertir los ahorros en una vivienda y sacarle un alquiler decidimos hacerlo en un huerto solar«, comentan muchos de ellos.

Por esas fechas, 2007, alimenta el motor de la ilusión el entonces Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Todos los afectados mencionan un famoso folleto de este organismo, titulado El sol puede ser tuyo, donde se vendían las bonanzas de una inversión irresistible: financiaciones del 80% de la instalación, intereses tentadores a diez años (euribor+1), retribuciones de 0,45 euros el kilovatio hora producido, amortización en diez años… «Que no nos comparen con otras inversiones de particulares en bancos y empresas privadas, aquí teníamos la garantía del Estado a través de un real decreto (661/2007) publicado en el Boletín Oficial del Estado», claman los afectados.

La aparición de tantos propietarios (62.000) se debe a que la inversión se socializó mucho. Desde uno de los colectivos que más batalla por ellos, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), recuerdan que muchos de ellos se conformaron con 5 ó 10 kW. «Para nóminas que estaban entre los 800 y los 1.000 euros eran potencias razonables, porque destinaban en torno al 10% de estos ingresos», aclaran.

Pero entonces, ocurrió el desastre. Al llegar al poder, el Gobierno de Rajoy deshizo de forma retroactiva lo que estaba escrito en el BOE y borró la prima establecida. Según los datos de Anpier, son casi medio millón los afectados (entre los 62.000 propietarios hay muchos familiares implicados, especialmente tras refinanciar deudas y aportar avales); se invirtieron 24.000 millones de euros, de los que 18.000 aparecen como deuda; el promedio de potencia por planta es de 75 kilovatios y la inversión media de 400.000 euros con un 80% de financiación; y lo peor, la disminución de los ingresos por producción supera el 50%.

El caso más paradigmático es el de las cooperativas creadas por agricultores, como la de La Jeresa, en Lorca, con 418 socios y 4 MW; es decir, una media de 10 kW por cooperativista. «La gran mayoría está en paro ahora o ha visto reducir sus ingresos laborales drásticamente, con lo cual los recortes fotovoltaicos han agravado aún más situaciones familiares muy angustiosas», relata Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier y también afectado. Se da la circunstancia de que fue esta instalación la que, tras el terremoto de Lorca de 2011, permitió restaurar el fluido eléctrico, tan necesario en aquellos momentos.

«QUE NO NOS COMPAREN CON OTRAS INVERSIONES EN BANCOS Y EMPRESAS PRIVADAS, AQUÍ TENÍAMOS LA GARANTÍA DEL ESTADO A TRAVÉS DE UN REAL DECRETO PUBLICADO EN EL BOE», CLAMAN LOS AFECTADOS»

«Ahora no sabemos ni lo que cobramos por nuestra producción». Otra respuesta que suelen entonar a coro, que Isabel Bueso concreta: «Entran una serie de variables que se escapan a tu comprensión: porcentaje por la inversión realizada, la energía producida, potencia, pagos retrasados…». La mayoría recurre a representantes del mercado, asesorías y abogados para gestionar los cobros y conocer qué les están abonando exactamente, lo que supone un gasto añadido.

Según Martínez-Aroca, «ya no somos tratados como productores de energías renovables, sino como meros inversores, no estamos en el marco originario de cuanto más produzcas, más prima recibes». Se aprobó el famoso real decreto de la ‘rentabilidad razonable’ (9/2013), que acabó con la retribución por kWh producido, y ahora se tiene principalmente en cuenta la potencia instalada, más allá del lugar en el que esté ubicada, de la producción o de la tecnología empleada. «Se da el caso —prosigue el presidente de Anpier— de plantas construidas en el norte de España, con una tecnología mediocre y producción escasa, que están cobrando igual o más que las presentes en el sur».

Todo esto hace que personas que accedieron a financiaciones del 80% y hasta el 100% de la inversión, no recibirán un euro limpio hasta pasados 20 años, cuando algunos de ellos ya no vivan para verlo o cuando la instalación esté al final de su vida útil. Lo que en un principio quedaba amortizado por estos años (entre 2016 y 2017), con las refinanciaciones se alarga hasta 2025 y 2030 y con intereses mucho más gravosos, muy alejados del euribor+1 que prometía el IDAE. Ahora la media está entre el 5% y el 6%, con casos extremos que se han puesto en el 8,5%.

Y, ante tanta vulneración de derechos, ¿a quién acudir? Los inversores extranjeros, principalmente fondos de inversión, apelan a instancias judiciales internacionales ajenas al Gobierno español, los tribunales de arbitraje, para demandar al Ejecutivo. El pequeño inversor español, como persona jurídica, tiene cerrada esta vía, pero ha presentado miles de demandas ante el Tribunal Supremo por el daño patrimonial causado, y asociaciones, comunidades autónomas y partidos políticos han recurrido los cambios normativos ante el Tribunal Constitucional. Además, el Defensor del Pueblo ha manifestado que cualquier fallo favorable de los 24 arbitrajes internacionales deberá ser aplicado en la misma medida a los inversores españoles.

«HAY PERSONAS QUE RECONOCEN QUE NO VAN A DETERMINADOS LUGARES DE SUS PUEBLOS POR MIEDO A QUE SALGA LA CONVERSACIÓN, Y LES ACUSEN
DE LA SUBIDA DE LA LUZ, DE HABER INTENTADO ENRIQUECERSE A COSTA DE LOS DEMÁS Y DE HABER FOMENTADO LA SOBRECAPACIDAD DEL SISTEMA»

Por si fuera poco, queda la estigmatización social. «Me dieron ganas de tirar el televisor por la ventana», comenta con rabia Isabel Bueso cuando recuerda la última entrevista a Mariano Rajoy en TVE (minuto 39:24 a 40:23). El presidente del Gobierno reconoció que la fotovoltaica tenía una prima asegurada por el Estado que estaba entre el 20% y el 25%, y lo remató con un «yo ahora he dicho que el Estado garantiza una ganancia del 7,5%, que no está mal, pero aquí en España todo el mundo tiene libertad para poner energías renovables, lo que pasa es que el sistema anterior dio lugar a un déficit de tarifa de 26.000 millones de euros, que tenemos que pagar todos los españoles, y a que la luz subiera en ocho años el 69%». Y por eso estalló Bueso.

Hay personas que reconocen que no van a determinados lugares de sus pueblos por miedo a que salga esta conversación y les acusen de la subida de la luz, de haber intentado enriquecerse a costa de los demás y de haber fomentado la sobrecapacidad del sistema y de producción. «Es también una cuestión de dignidad», comentan en general.

Mientras tanto, ven cómo las grandes compañías eléctricas, supuestamente afectadas también por la inseguridad jurídica que ha provocado el dislate normativo entre las renovables, incrementan sus beneficios netos. Iberdrola lo cifró en 1.919 millones de euros en los nueve primeros meses de 2015, un 7,8% más que en el mismo periodo de 2014, y Endesa calcó prácticamente el de este mismo periodo con respecto al año anterior: 1.206 millones de euros. «Quieren demostrar que esas 62.000 familias nunca debieron entrar en el coto de caza de los cinco señoritos y por lo tanto desean expulsarlos; quieren exterminar la producción de las renovables en manos de los ciudadanos», explica gráficamente Martínez-Aroca de la asociación Anpier. El problema es que todo el sistema, Gobierno incluido, participa de esta expulsión, después de haber captado sus ahorros.

Tras esta travesía del desierto, en el que pega el sol pero sin poder disfrutar de su aprovechamiento energético, las personas afectadas atisban algún rayo de esperanza, y no precisamente entre los políticos. Como sentencia Antonio Alcázar: «No les creo nada de nada, no me fío de ninguno, todos cuando han llegado al poder nos han traicionado, no tengo ninguna esperanza de cambio tras las elecciones de diciembre».