El pueblo con 255 sentencias de derribo

El silencio llena a primera hora de la mañana el chalé de Ciriaco García, una amplia parcela con jardín encajada entre casas idénticas a la suya, en una tranquila avenida. “Mis nietos aún duermen”, dice a modo de saludo. La escena podría ser la de una jubilación tranquila, si no fuera porque su casa es una de las 99 de esta urbanización sobre la que pesa una sentencia de derribo.

“Buscaba una zona de secano y este era el mejor sitio”, comenta Ciriaco refiriéndose a Argoños, minúsculo pueblo cántabro rodeado de encinares en el entorno del Parque Natural de las Marismas de Santoña; más de 4.000 hectáreas de humedales consideradas el ‘Doñana del Norte’ por su fabulosa diversidad biológica. En él se refugian más de 20.000 aves de 120 especies, buena parte de ellas procedentes del norte de Europa, que cada invierno vienen aquí.

Al alcalde de Argoños, que estuvo 32 años en el cargo, se le fue la mano e incluso autorizó edificar fuera del municipio, en Arnuero y Noja

Por la prensa cuenta Ciriaco que se enteró de que su chalé era ilegal, que la licencia que el consistorio había dado para construirlo en 1997 era papel mojado. “Pero en el Ayuntamiento nos habían dicho que no había ningún problema, que todo estaba bien”. Ni él ni otros vecinos conviviendo en la misma urbanización se alarmaron al saber que en los pueblos vecinos Arnuero y Escalante había problemas legales con casas que se habían levantado.

Chalés colocados como piezas de dominó, en fila y más pegados entre ellos de lo que permitía entonces la Ley; otros como el de Ciriaco, en el entorno de las marismas de Santoña; algunos más construidos sobre suelo no urbanizable de protección forestal; varios de una urbanización incrustados en una de las colinas que rodean el pueblo; otros que vulneran la Ley del Suelo de 1992 o construidos sobre suelo rústico. Y la guinda: todo un bloque de 14 casas levantadas fuera de Argoños porque al alcalde, Joaquín Fernández San Emeterio, que estuvo 32 años en el cargo que dejó en 2007, se le fue la mano y autorizó edificar rebasando el deslinde del municipio, en los pueblos de al lado Arnuero y Noja. “¿Qué pasa, que el alcalde no sabe dónde está el término municipal del pueblo?”, comenta poniendo humor a tanto surrealismo Juan Luis Urrutia, jubilado de los Altos Hornos de Vizcaya con casa en esta colonia.

El conjunto ofrece una secuencia digna de una película de Berlanga: 255 sentencias de derribo, o sea una por cada siete de los 1.711 habitantes de Argoños, el récord de Cantabria, la región de todo el norte más agredida por el urbanismo salvaje. Los jueces llevan dictados aquí más de 600 autos firmes de demolición en cinco municipios por una larga retahíla de irregularidades y prácticamente todos sobre casas donde vive gente. Que nadie se confunda al ver estos verdes paisajes y acantilados. Según Greenpeace, Cantabria es después de Valencia, la Comunidad Autónoma con más construcciones artificiales en los primeros cien metros de costa.

“Es sencillo, aquí había un plan para construirlo absolutamente todo, en una filosofía errónea de trasladar el Mediterráneo al norte. Gente del País Vasco, de Castilla y León, incluso de Cataluña. El que quería una casa en la playa venía aquí. Hasta que la crisis puso fin a la fiesta”. Quien habla es Carlos García, presidente de la Asociación para la Defensa de los Recursos de la Naturaleza de Cantabria (ARCA), la ONG que ha llevado a los tribunales a todas estas urbanizaciones.

Fue este minúsculo equipo de abogados y expertos medioambientales fundado en 1984, un enano frente a la administración pública, el que abrió la espita de las denuncias por el derroche de ladrillo en la primera línea de playa, o sobre un acantilado, o dando una evidente “dentellada al monte”. Con esta dureza tacharon los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria la macrourbanización diseñada sobre la ladera del monte El Alto del Cuco, en el municipio de Piélagos, de la que paralizaron las obras. De las 400 casas previstas solo se levantaron 180, que aún esperan a ser demolidas. La caseta prefabricada de la promotora sigue en pie a la entrada de la urbanización, anunciando viviendas que no se venderán sobre hileras fantasmales que escalan la montaña. Varios coches aparcados en una de las avenidas con chalés ocupados, y las vacas del prado de al lado, son la única muestra de vida en este erial de set de Far West.

Bilbao, Palencia, Burgos. Desde esas ciudades se cerraba la venta de residencias secundarias como la de Urrutia, que compró en Argoños porque le quedaba a solo tres cuartos de hora de Bilbao. Eran los noventa, el momento glorioso de la burbuja del ladrillo. Y mientras el País Vasco protegía su litoral, Cantabria recibía a sus vecinos con los brazos abiertos. Lo que empezó en el municipio de Arnuero en 1993 con la licencia para levantar 144 viviendas en plena playa de La Arena fue engordando, alimentado por la Ley del Suelo que sacó adelante el Gobierno del PP en 1997. Una de las normas estrella del ex presidente Aznar acortaba plazos para obtener licencias, simplificaba el papeleo y ampliaba el suelo urbanizable. Todo, como recuerda el Boletín Oficial del Estado, “para incrementar la oferta con la finalidad de abaratar el suelo disponible (…) y garantizar con mayor facilidad el acceso a la vivienda”. Hoy son de sobra conocidas las consecuencias de aquel plan, que dio alas a la construcción: durante la siguiente década el ladrillo creció a un ritmo del 5% anual.

A Ciriaco García su chalé debía haberle costado 14 millones de las pesetas de 1997, aunque terminó pagando 19 millones porque las obras se paralizaron varias veces por las dudas legales que ya pe- saban sobre los terrenos. “Todas nuestras casas recibieron la licencia de construcción entre ese año y el siguiente”. Al igual que las de Miengo y Piélagos, cuando era consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo Miguel Ángel Revilla, con un Gobierno del Partido Regionalista de Cantabria en coalición con el PP. El mismo Revilla que en 2003 empezaría sus célebres viajes en taxi hasta La Moncloa ya como presidente regional. Y que hoy no duda en desplegar en los platós de televisión su personal recetario de medidas económicas para romper con la herencia que ha dejado la banca, o la burbuja inmobiliaria.

De derribar sus viviendas, la administración sabe que deberá indemnizarles y pagar la restauración del espacio dañado. Solo que las arcas han quedado muy tocadas con la larga crisis

Han pasado 20 años desde que se dictara en Cantabria la primera sentencia, y para Carlos García de ARCA, que ha bebido de la cultura anglosajona “la pasión por los paisajes”, el resultado tanto tiempo después es frustrante. “Aún no se ha ejecutado ningún derribo aparte de La Arena (Arnuero), donde no hubo perjuicio para nadie porque las casas no habían terminado de construirse. Y ahora, el plan de quienes crearon el problema es seguir con el mismo modelo. Nosotros decimos que hay que cumplir la Ley para empezar a ordenar el territorio”.

García se refiere a los repetidos intentos e innumerables promesas de los ayuntamientos y del propio Gobierno regional de “regularizar” esas construcciones, o dicho de otro modo, hacerlas legales, aunque para ello sea necesario cambiar las reglas del juego sobre la marcha. Es lo que hizo el Ayuntamiento de Argoños hace dos años, cuando aprobó un trámite administrativo para cuatro viviendas con sentencia por impacto paisajístico por estar empotradas en el monte. Pero como después llegaron más casas, que terminaron tapando esas cuatro, quienes gobiernan consideran que ya no hay impacto paisajístico. De ese modo lo explicó el mes pasado el actual consejero de Urbanismo, Javier Fernández, tras recibir el Gobierno un nuevo revés judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que ha anulado el recurso del consistorio por considerarlo un intento de saltarse la sentencia dictada doce años antes.

En este pueblo, que la marisma conecta con el mar y que cambió hace años la pesca y la ganadería para convertirse en lugar de segundas residencias para las regiones de al lado —en diez años su población se ha duplicado—, los afectados por las sentencias entienden la razón de tantas promesas sobre sus viviendas moribundas. “Quieren legalizar al máximo para no pagar”, como resume Urrutia mientras apunta al cartel de ‘se vende’ que, como si tal cosa, cuelga de la puerta de un chalé dos calles más allá del suyo.

De derribar sus viviendas, la Administración sabe que deberá indemnizarles y pagar la restauración del espacio dañado. Solo que las arcas han quedado muy tocadas con la larga crisis. El propio Gobierno de Cantabria lo reconocía en 2011 en su plan de derribos, una especie de propuesta a los jueces para ver caso por caso y eludir cuantas sentencias fuera posible, “por las graves dificultades económicas que asolan las haciendas públicas, y por los enquistados problemas sociales en los que se encuentran implicados los propietarios afectados”. Tirar construcciones donde vive gente es una bomba electoral.

Pero además, en otro giro surrealista, “si se tiran, el terreno pertenecerá al Ayuntamiento y se podría volver a construir en el mismo sitio”, como comenta Antonio Vilela, presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) que las familias montaron para defenderse de las sentencias. Vilela, que se sacó la carrera de Derecho cuando los tribunales ordenaron que se tirara su casa, explica que en algunas urbanizaciones se podría edificar de nuevo si los estudios de detalle se hicieran correctamente, gracias a que la legislación ha cambiado en este tiempo. “Se hará negocio con un derribo que habrán pagado los ciudadanos”, matiza Ciriaco.

En Argoños también tiene casa de fin de semana y verano el actual presidente de Cantabria, Ignacio Diego. Una antigua cuadra y pajar rehabilitados en vivienda con amplio jardín a la que baña un lago, a escasos metros de una de las rías de la marisma. El grupo socialista la denunció hace dos años por excederse y ser más que la “obra menor” para la que Diego había recibido la licencia, al construir dos fachadas completamente nuevas. “Se puede regularizar hasta el 80% de las casas con sentencia”, sigue prometiendo el presidente cántabro a la puerta de su blanca casa.

En la organización ARCA, sin embargo, ven las cosas de forma muy distinta: “Si hubiera que ejecutar todas las sentencias no habría dinero para hacerlo. Cuando sí lo había, la Administración no tenía interés, pero aún no se había pasado la línea roja de los tribunales. Ellos pensaban que podrían salvar esas cuatro casas en Argoños y no hay manera, se está alcanzando una situación límite, las sentencias están llegando al Supremo”.

“Se puede regularizar hasta el 80% de las casas con sentencia”, dice el actual presidente de Cantabria, Ignacio Diego, a la puerta de su casa de verano en Argoños, en las marismas de Santoña. El grupo socialista la denunció hace dos años por ser más que una “obra menor” para rehabilitar una antigua cuadra y pajar

Solo en un punto se cruzan los dos mundos paralelos de los ecologistas, que no cejan en el empeño de que las casas se tiren —“para cumplir la Ley y educar, se trata de hacer pedagogía porque no todo vale”—; y de los afectados, que defienden lo suyo —“no queremos el dinero, queremos nuestras casas y que nos dejen tranquilos”—. Y es en señalar la impunidad de quienes autorizaron y firmaron para levantar todas estas urbanizaciones.

El mismo día, el pasado mes de septiembre, en el que los jueces tumbaron los permisos provisionales que el Ejecutivo pretendía conceder a casas con sentencia en los municipios de Escalante y Piélagos, Ciriaco comenta encendido que “las licencias se dieron en su momento con cono- cimiento de causa. Hay personas que cometieron un delito, aunque ellos [los políticos] lo llamen ‘error’. Pues bien, no estamos dispuestos a pagar sus errores”. El presidente de ARCA llega a la misma conclusión. “Llevamos 20 años de desastre y aquí todo el mundo sale libre. En España, la tendencia ha sido: ‘Tú construye bien o mal, que no se tira’. Es importante que se cumplan las sentencias de demolición. En un país democrático, cuando las cosas se hacen mal, hay consecuencias”.

Comprar terrenos para evitar otros casos como El Algarrobico

La Junta de Andalucía quiere comprar el suelo sobre el que se construyó el hotel El Algarrobico en la playa de Carboneras (Almería), porque teme que la promotora que levantó el edificio entre en los terrenos y empiece a construir de nuevo. Nada se lo impediría, pues en una nueva secuencia de este thriller legal, un juez de Granada levantó antes del verano la suspensión sobre las obras dictada hace ocho años. Ante este “estereotipo de intrusión en el espacio público, muy parecido al Alto de El Cuco”, comentan en la asociación ARCA, “que la Administración decida comprar el suelo está bien, pero se necesita una verdadera política de compras de espacios públicos y severas leyes”. Se evitarían así, explican en la ONG, sinsentidos como el campo de golf sobre la duna del Parque Natural de Oyambre, en San Vicente de la Barquera (Cantabria). El Ministerio de Medio Ambiente incluyó todo este ecosistema dunar en el dominio público en 2006, golf incluido. Pero sigue operativo pese a varias órdenes de cierre y una maraña legal que dura desde que hace más de una década se denunciara a la empresa propietaria.